Una abogada crítica del gobierno de Bukele es detenida en El Salvador

Una destacada abogada salvadoreña conocida por acusar públicamente al gobierno del presidente Nayib Bukele de corrupción y actividades ilícitas fue detenida por las autoridades el domingo por la noche, según afirma la organización de derechos humanos para la que trabaja.

Ruth López, quien lidera la unidad de anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, aún no había sido acusada formalmente el lunes, y se desconocía su paradero, según un comunicado emitido por el grupo.

La detención fue confirmada por la fiscalía general del país, que en una publicación en redes sociales afirmó que la “detención administrativa” de López tenía que ver con su anterior trabajo como “mano derecha” de Eugenio Chicas, un magistrado y exfuncionario gubernamental.

Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, quien también fue secretario de prensa del expresidente Salvador Sánchez Cerén, fue detenido en febrero por acusaciones de enriquecimiento ilícito.

“Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”, dijo la Fiscalía General en su comunicado.

La detención de López generó protestas inmediatas, tanto dentro como fuera de El Salvador, por parte de grupos de derechos humanos y expertos quienes dijeron que Bukele, envalentonado por su relación con el presidente Donald Trump desde que aceptó encarcelar a los migrantes deportados de Estados Unidos, había intensificado los ataques contra aquellos que lo critican.

“Durante años, Ruth López ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador”, dijo en un comunicado Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Su detención no es un incidente aislado, sino que supone una peligrosa escalada en los esfuerzos del presidente Bukele por silenciar la disidencia”.

Desde 2022, Bukele mantiene un estado de excepción que permite que las autoridades realicen detenciones a voluntad, eludiendo el debido proceso.

El presidente Nayib Bukele en la Casa Blanca, en abrilCredit…Haiyun Jiang para The New York Times

El estado de excepción, impuesto inicialmente para reprimir la violencia de pandillas, ha provocado una drástica reducción de la delincuencia, pero también ha hecho que al menos 80.000 personas hayan sido detenidas e ingresadas en el infame sistema penitenciario de El Salvador.

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Cristosal, la organización en la que trabaja López, ha surgido como una fuerza importante en la denuncia de abusos, tanto en el sistema penitenciario como en otros ámbitos. En repetidas oportunidades, el grupo ha acusado al gobierno de Bukele de mantener a personas en prisión preventiva sin acceso a abogados ni a sus familias, una situación que el director de la organización, Noah Bullock, ha dicho que equivale a una desaparición forzada.

Cristosal dijo que López ahora era víctima de ese delito, que describió como “una grave violación de los derechos humanos conforme al derecho internacional”.

López ha liderado investigaciones sobre posible corrupción o negligencia del gobierno de Bukele. Una investigación está relacionada con el uso indebido de fondos para la pandemia y otra con la contaminación del suministro local de agua provocada por la construcción de la megaprisión del país, conocida como CECOT. Otra denuncia el uso de fondos públicos para pagar el software Pegasus que fue utilizado para espiar a periodistas y grupos de derechos humanos en El Salvador.

“El vínculo con Chicas en el caso de Ruth es un invento, un dudoso pretexto para encarcelarla arbitrariamente”, dijo Napoleón Campos, analista político salvadoreño. Campos afirmó que la detención debe ser vista en el contexto de “los abusos a los derechos humanos, al acoso a defensores ambientales, y al ataque más amplio del régimen de los Bukele contra la sociedad civil”.

Este mes varios periodistas de El Faro, un medio independiente salvadoreño de investigación, huyeron de El Salvador tras enterarse de que el gobierno estaba preparando órdenes de detención en su contra. El medio de comunicación dijo que tal medida supondría “el ataque estatal más frontal contra la libertad de prensa en El Salvador desde que Bukele llegó al poder en 2019”.

Durante años, El Faro ha investigado al gobierno de Bukele y sus supuestas negociaciones con los líderes de las bandas del país, y ha dicho que, como consecuencia de eso, sus periodistas fueron sometidos a vigilancia e intimidados.

Wendy Ramos, portavoz de la presidencia, no respondió a las preguntas sobre qué motivos tenía el gobierno para solicitar la detención de López o de los periodistas de El Faro.

El gobierno salvadoreño ha desestimado sistemáticamente las críticas a Bukele y a sus políticas de seguridad, calificándolas de esfuerzos de miembros de la oposición política por manchar la imagen del presidente.

Los índices de aprobación de Bukele se han mantenido siempre por encima del 80 por ciento en las encuestas de opinión pública.

Bullock, director de Cristosal, ha puesto en duda estos altos índices, afirmando que, ante las detenciones masivas, la población salvadoreña tiene miedo de expresar su descontento con el presidente y su mano dura.

Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times.